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Diario YA


 

El efecto de aceptar el lenguaje utilizado por quienes pretenden politizar la acción de la Justicia.

¿Por qué llaman “presos políticos” a los condenados por secesionismo?

Miguel Mssanet Bosch.
Que estamos entrando en una etapa de la historia de nuestro país en la que parece que admitir los efectos de una propaganda demagógica, de quienes están interesados en darle un vuelco total a nuestra débil democracia, se ha convertido en algo incontrovertible debido a la pasividad, la abulia, la desgana o la complicidad de una parte muy importante del pueblo español, resulta ser algo evidente, innegable y, desgraciadamente, con todos los visos de conducirnos hacia un olvido total de los principios, valores y tradiciones que durante siglos fueron el acervo y patrimonio de quienes creían en la justicia, la seguridad jurídica, las libertades ( no confundir con lo que actualmente se confunde con ellas), y el orden como elementos irrenunciables en todo modelo de Estado democrático.
Hoy en día la negación de derechos fundamentales como es el de la propiedad;  el respeto por las ideas ajenas; la patria potestad; la libertad de cada ciudadano a mantener sus creencias y su facultad de exigir que sean respetadas y defendidas por los poderes fácticos; el derecho básico de la defensa de la vida, incluso la del nonato; la defensa de la moral y la ética, como principios esenciales para la convivencia de las personas y la necesidad de que existan una reglas y un orden que regulen el comportamiento de los ciudadanos para evitar que unos pocos, unas minorías o unos grupos de indeseables, puedan convertirse en un peligro para la paz y la tranquilidad del resto de españoles; amenaza y pone en cuestión el futuro de una nación, España, que parece que, desde hace unos años, ha contraído una de las dolencias que pueden llegar a constituir una seria amenaza para sus habitantes, lo que se pudiera entender como un intento de revertir un sistema de gobierno, que ha funcionado durante años y que había conseguido que el país fuera adelantando en la medida que los acontecimientos lo iban permitiendo y cuando los poderes públicos apoyaban a los ciudadanos en su ejercicio de la libertad de iniciativa, emprendedora e innovadora, hasta el punto de que nuestra nación ya empezaba a mostrar claros síntomas de recuperación, llegando a un momento en el que el crecimiento de nuestra economía ya parecía querer estar por encima del resto de naciones europeas; para intentar el cambio de régimen de gobierno, basado en una democracia parlamentaria, para convertirla en no se sabe qué tipo de república revolucionaria y, todo ello, sin seguir  los procedimientos reglamentarios establecidos por nuestra Constitución de 1978, si no intentando habilitar el uso del poder como mecanismo para sustituir la voluntad de los españoles, expresada a través de las urnas mediante las oportunas consultas.
En estos momentos España está amenazada, aparte de por un gobierno socio-comunista instalado en el poder y con evidentes intenciones autoritarias y con intentos de usos totalitarios; por dos lacras que, cada una de ellas por si solas, representa un peligro para la estabilidad, la continuidad y mantenimiento de nuestros principios democráticos. Hablamos del separatismo catalán y vasco, cada uno de ellos con sus características particulares, sus métodos, sus objetivos y su idiosincrasia, lo que no impide que ambos constituyan una amenaza para la integridad de nuestro país y para el ejercicio de la democracia tal y como se concibe a través de nuestras normas constitucionales y, en segundo lugar, pero no menos peligroso y amenazante, existiendo la posibilidad de que ambas amenazas actúen sincronizadas, con los efecto sinérgicos derivados de una semejante alianza; es el caso del peligro comunista bolivariano que nos importaron de Venezuela este grupo de universitarios, surgidos del movimiento 15M, Unidas Podemos que, contra previsión alguna, fueron  capaces de encontrar un hueco en nuestras instituciones, acaparando una parte importante de los escaños de nuestras dos cámaras de representación popular. Van perdiendo popularidad y es muy posible que, en unos próximos comicios, su estrella se apague pero, de momento, forman parte del Gobierno y siguen teniendo la llave de la legislatura que, sin sus votos, no permitiría a Sánchez el seguir gobernando la nación.
Y, en esta tesitura, los españoles que seguimos creyendo en una España unida y democrática, contemplamos, entre indignados y pesimistas, como el actual Gobierno socialista y comunista, parece seguir manteniendo encendida una vela a Dios ( en su caso a quién lo sustituya en su ideario) y otra al Diablo, en un tipo de estrategia que, como es obvio en aquellos que pretenden jugar con dos barajas a la vez, siempre tiene el peligro de que, en un momento determinado, se les descubra la trampa y la combinación salte por los aires lo que, a quienes más iba a perjudicar sería a los ciudadanos españoles, metidos involuntariamente en semejante juego de insensateces. ¿Mesa de negociación con separatistas catalanes, como pide insistentemente los políticos catalanes? O, acaso, ¿ un movimiento táctico de Sánchez hacia la derecha, en este caso representada por la señora Arrimadas y Ciudadanos, un partido que apenas tiene representación parlamentaria, metido en medio de una serie de contradicciones que lo sitúan en tierra de nadie y que, como bote a la deriva, se mueve de acuerdo con lo que, en cada momento, estima que le es más favorable, sin tener en cuenta que el gran beneficiario de su colaboración no es más que el señor Pedro Sánchez y sus compinches del gobierno y que, cuando le convenga, les va a propinar la patada de Charlot pese a que ahora, porque los necesita para sus planes, se muestre muy atento con ellos.
Pero ya no parece que a nadie, ni de derechas ni de izquierdas, le sorprenda que, cuando se habla de los presos por el referéndum de octubre del 2017, en lugar de emplear el término condenados, revolucionarios, secesionistas o penados, se utilice insistentemente la expresión “presos políticos”, como si su permanencia en prisión estuviera fundamentada en la simple expresión de ideas políticas y no estuvieran, como ha sucedido y han dictaminado los tribunales, condenados por unos hechos tipificados en nuestro CP, constitutivos de delitos muy graves, como son el de secesión y malversación de caudales públicos, que son aquellos por los que están encerrados, cumpliendo condena en la cárcel.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos viendo que, todo lo que está sucediendo en España, aparte de lo referente a la pandemia del coronavirus (y, en muchas ocasiones, aprovechando que la epidemia eclipsa todos el resto de problemas), tenemos la impresión de que, en todo lo que está actuando el actual ejecutivo, no existe planificación alguna y que, las medidas que se vienen tomando, son fruto de la improvisación y el oportunismo, al que se ven obligados como consecuencia de carecer de personas preparadas para otra cosa que no sea la demagogia y el pretender desviar el foco de las críticas hacia otros partidos que, en realidad, no tienen ninguna culpa de que, precisamente, no se los haya tenido en cuenta a la hora de tomar las decisiones que se ha venido reservado, para sí solo, el Gobierno hasta que, cuando vio que no era capaz de contener los efectos de la pandemia, decidió escurrir el bulto y pasarles la patata caliente a las comunidades autónomas. Pero ahora es cuando tiene que ir cediendo ante las peticiones de los catalanes para no tenerles en frente en una situación en la que toda ayuda que pueda obtener es poca,  porque se trata de salvar la legislatura del PSOE, algo que, con toda seguridad, no conseguiría si no fuera capaz de sacar unos presupuestos ad hoc para el próximo año. Aristóteles, el sabio filósofo, acertó cuando dijo: “Las repúblicas declinan en democracias y las democracias degeneran en despotismos”; puede que, esta última parte,  esté más cerca de llegar de lo que pensamos.