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El Poder Judicial en Venezuela y las elecciones parlamentarias

Diego Fierro Rodríguez. Se ha podido saber, por distintos medios de comunicación, que después de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela, la oposición ha denunciado que el Gobierno intenta sabotear el resultado electoral paralizando la toma de posesión de varios diputados para evitar la mayoría de dos terceras partes que la Mesa de Unidad Democrática, que engloba a todos los opositores, tiene en la Asamblea.

Jesús Torrealba, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, ha remitido una carta dirigida a los presidentes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Horacio Cartes; la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper; y la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; así como al secretario general de la ONU, Ban Ki Moon; y a la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini. para detener el denominado “golpe judicial” en Venezuela por el recurso presentado por el Gobierno venezolano para impugnar la selección de nueve diputados opositores.

Durante los últimos años, el Poder Judicial en Venezuela ha destacado por sufrir una fuerte influencia ejercida por el Gobierno. En el mes de octubre, ya se comenzó a actuar para conseguir que hubiera nuevos magistrados que sean próximos a Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de disminuir los daños de una posible derrota en las elecciones parlamentarias que se celebraron en el mes de diciembre. Por las circunstancias se puede señalar que el órganos jurisdiccional superior en todos los órdenes de Venezuela es, en la actualidad, un instrumento gubernativo para perpetuar su poder. José Miguel Vivanco, que es el director para América de la ONG Human Rights Watch, piensa que el Tribunal Supremo de Justicia se ha transformado en un “apéndice del Ejecutivo” y que es “uno de los ejemplos más burdos de falta de independencia judicial en la región”.

Hay que tener presente que, si se demuestra que la MUD ha conseguido manipular parte del proceso electoral, deberá hacerse lo que proceda conforme al ordenamiento jurídico venezolano. Sin embargo, habrá graves efectos si no se logra acreditar un fraude electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela estima los recursos presentados para impugnar las elecciones parlamentarias. Que el Poder Ejecutivo controle el Poder Judicial es muy peligroso. Debe tenerse presente que, en esa clase de situaciones, se pueden cometer fuertes abusos. Se puede conseguir, con las injerencias del órgano ejecutivo correspondiente en los órganos jurisdiccionales, que los componentes del Gobierno no respondan penal o administrativamente por sus actos y se puede provocar que, aquellos que, oponiéndose a los líderes del Poder Ejecutivo con motivos legítimos, intentan emplear los cauces democráticos fijados, no puedan alcanzar por las vías legales el Gobierno. Las consecuencias se extienden a distintos aspectos relacionados con la potestad legislativa y con la potestad jurisdiccional.

La debilidad de la separación de poderes o la inexistencia de la misma en un Estado pueden propiciar que haya perpetuación en el control de los entes públicos, siendo esta realidad bastante perjudicial para la democracia, cuyo funcionamiento está protegido por la legalidad dentro de los límites fijados de modo coherente conforme a las vías jurídicas correctamente establecidas. Por estas razones, deben evitarse las concentraciones de poder y que haya influencias dentro de los diferentes órganos de un país por parte de los otros órganos sin un fundamento jurídico legítimo.

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